Mueren 5 mineros en Asturias ¡Que paguen los culpables! Por la nacionalización del sector minero

La muerte de 5 mineros la pasada semana en la mina de Zarréu (Cerredo en castellano), en la frontera entre Asturias y León, ha consternado a toda la sociedad asturleonesa y más allá de sus fronteras. Es intolerable que este tipo de accidentes laborales sigan sucediendo, siendo la gran mayoría de ellos por la falta de equipos adecuados, la precariedad y las condiciones extremas de explotación a las que los empresarios someten a los trabajadores.

¿Qué pasó?

Aunque la investigación de los hechos no ha hecho más que empezar, todo apunta a una explosión de grisú, un gas que se desprende con cierta frecuencia en las minas de hulla y que históricamente ha sido una de las principales causas de mortalidad en el sector de la minería. En esta ocasión el accidente ha provocado la muerte de 5 trabajadores, 4 de los cuales de la localidad leonesa de Villablino, y el quinto, de Fabero, en el Bierzo. Además, también hubo 4 heridos de gravedad que se encuentran hospitalizados.

Los dos anteriores accidentes comparables del sector minero en el Estado español sucedieron precisamente a causa de explosiones de grisú: 14 mineros fallecidos en un pozo del concejo de Mieres, en 1995; y 6 muertos en la localidad leonesa de Santa Lucía, en 2013. La pregunta que las familias y vecinos se hacen en estos días es “¿no había grisómetros?” Hoy día, si se toman las medidas preventivas adecuadas, este tipo de accidentes no deberían ocurrir. Algunos mineros veteranos de la zona dicen que lo adecuado es que antes de empezar la faena al inicio de la jornada, un operario pase el detector de grisú, para activar la ventilación en caso de superar los niveles de peligro. Sin embargo, la tragedia en la mina de Zarréu sucedió alrededor de las 8:45h. por lo que da la impresión de que esta labor de prevención no se hizo.

Pesquisas

Según las primeras indagaciones periodísticas, se ha publicado que la empresa al cargo de las labores en la mina, Blue Solving, disponía de dos licencias, una para la investigación de minerales para futuras extracciones, y otra para la retirada de chatarra y material en desuso en el interior de la mina. Pero no disponía de licencia de extracción de Carbón para su comercialización. Sin embargo, algunos vecinos han denunciado¹ que la empresa estaba haciendo un uso indebido de las licencias y que se han visto grandes cantidades de carbón² en las inmediaciones de la mina.

Según el diario El Salto³, además, la familia propietaria de la empresa anda envuelta en una presunta corruptela: “en 2023 Blue Solving recibió una subvención de 927.000 euros del Instituto de Transición Justa, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para instalar una planta de valorización de subproductos y escombros de la construcción, actividad que aparentemente no tenía relación directa con la minería. En cambio, otro proyecto financiado en la misma convocatoria, gestionado por Combustibles Asturiana y Leonesa S.L., empresa dirigida por Jesús Rodríguez Morán, padre del propietario de Blue Solving, sí estaba relacionado con el sector minero, concretamente con la fabricación de briquetas destinadas a uso industrial, lo que aumenta aún más las preguntas sobre la verdadera actividad e intenciones de la empresa en la mina de Zarréu.”

Una zona con importantes tradiciones de lucha

Tanto el Gobierno como la Patronal, saben que el sector minero y, en particular en esta región, es enormemente combativo y tiene un largo historial de luchas. La clase obrera asturiana se levantó con una extraordinaria fuerza en la revolución de octubre de 1934 y organizó importantes huelgas en La Transición. Los mineros leoneses hicieron también la formidable Marcha Negra hasta La Puerta del Sol de Madrid en 2012; una imagen que a muchos se nos quedó grabada para siempre en la retina. El entierro de los 4 mineros de Villablino, congregó a varios millares⁴ de vecinos de los municipios aledaños.

Por ello, las declaraciones y “gestos” de cara a la galería no se han hecho esperar. El principal vocero de la burguesía, El País, dedicó la semana pasada un editorial⁵ en el que advierte de que el accidente “demanda una rápida investigación”. Sin embargo, las autoridades políticas, tanto regionales como estatales, reclaman tiempo para llevarla a cabo. Cuando escuchamos esto, a uno se le viene inmediatamente a la cabeza una pregunta, ¿tanto tiempo se necesita realmente? ¿No basta con preguntar a los trabajadores qué estaban haciendo en esa mina y bajo qué condiciones estaban trabajando?

Lo que realmente parece estar ocurriendo es que se está preparando todo para conseguir dos cosas. Uno, apaciguar la rabia y los ánimos de levantamiento de los trabajadores, y dos, que la justicia burguesa haga todo lo posible para que la condena de los empresarios sea la menor posible o incluso que salgan indemnes, como tantas veces ocurre.

Por su parte, la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha declarado que “en el siglo XXI no puede morir nadie así” y que “el peso de la ley va a caer sobre este siniestro”. Pero, una vez más, vemos la ceguera y la impotencia de la izquierda reformista, que no sólo gobierna en el Estado, sino también en el Principado de Asturias. “No puede morir nadie así” es literalmente una negación de la realidad, porque el hecho es que han muerto no uno, ¡sino 5 trabajadores así! ¿El peso de la ley? Pero ¿qué ley? ¿Esta ley burguesa que sigue provocando este tipo de situaciones? ¿La ley de la reforma laboral de Rajoy que, por mucho que se diga, sigue sin derogarse y que socaba los derechos de los trabajadores? Es de una hipocresía atroz.

UGT y CCOO convocaron también una triste concentración en Oviedo, en la que no reunieron más que uno o dos centenares de manifestantes. Esto queda muy por debajo de la capacidad de movilización que tienen estos sindicatos, cuyas direcciones realmente no hacen nada por combatir estas injusticias. Marino Fernández, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-Asturias, declaró que los empresarios “ven la salud laboral y los temas preventivos como un coste, y no como una inversión”. Fijémonos en esa perniciosa expresión: “inversión”. Es decir, que la salud, y hasta la vida de los trabajadores, debe estar supeditada a la “inversión” de los empresarios, o lo que es lo mismo, al beneficio, que es lo que en última instancia persigue una inversión.

UGT y CCOO deberían organizar en todas las minas del Estado Comités de Salud e Higiene, a cargo exclusivamente de trabajadores, que certifiquen el estado de las galerías antes del comienzo de cada jornada laboral, de manera que ni un trabajador mueva un pico ni una polea mientras estos comités no certifiquen que se puede comenzar la jornada. ¡Ninguna confianza en los patrones!

Una vez más, la nacionalización sin indemnización y bajo control obrero del sector de la minería se muestra como único camino posible que establezca como máxima prioridad la salud de los trabajadores, el trabajo seguro con salarios dignos y la tecnología en beneficio de los trabajadores y no de los bolsillos de los parásitos capitalistas.

Es indudable que, si queremos acabar con este tipo de tragedias, la única manera es acabar con el capitalismo como sistema que las produce. Los jóvenes y trabajadores debemos organizarnos para construir una organización que realmente combata estas injusticias y luche por la construcción de una sociedad socialista, donde desaparezcan para siempre la miseria y la barbarie.