Ante el chantaje de energéticas y bancos: expropiación sin indemnización

El oligopolio eléctrico, petrolero y bancario ha amenazado al gobierno con paralizar sus inversiones y restringir el crédito si se aprueba la propuesta de hacer permanente el impuesto especial aplicado en 2023, que afectaba a estas empresas. Realmente, estas compañías son las más rentables del país. Han amasado sus fortunas saqueando los bolsillos de las familias trabajadoras con el aumento de la electricidad, los combustibles y las hipotecas. Hay que responder con firmeza a estas amenazas de nuestros enemigos de clase.

El impuesto especial grava con el 1,2% sobre las ventas a las empresas energéticas que facturan más de 1.000 millones de euros al año. En los bancos, el impuesto  grava el 4,8% de los ingresos por margen de intereses y comisiones netas en entidades que cerrasen 2019 con más de 800 millones por ambos conceptos.

Pero ¿es verdad que no tienen dinero? ¡En absoluto! En 2023, las energéticas declararon beneficios por 10.500 millones (eleconomista.es, 9/3/24) y los bancos 26.355 millones (es.statista.com, 22/5/24). Es decir, ganaron en conjunto 36.855 millones de euros.

Pero, ¿cuánto supuso este impuesto especial aplicado a todas estas empresas? 2.859 millones: apenas el 7,8% de sus beneficios netos.

Ahora, ante la pretensión del gobierno de hacer permanente este gravamen, todas estas compañías están ejerciendo un chantaje intolerable a toda la sociedad.

Iberdrola amenaza con no producir hidrógeno verde en Huelva, el Banco de Santander con congelar el crédito y Repsol con llevarse inversiones a Portugal. En conjunto, amenazan con congelar inversiones por 16.000 millones y reducir los créditos en 50.000 millones. Esta gentuza está dispuesta a arruinar el país con tal de salvaguardar el último céntimo de sus beneficios.

Veamos el caso de las empresas más relevantes.

Iberdrola

El hidrógeno “verde” es generado por electrolisis y no genera residuos contaminantes, además de combustible, el hidrógeno es utilizado para la industria del refino, química y fertilizantes. Con la puerta en marcha de la planta en Palos de la Frontera (Huelva) Iberdrola proyecta que el 25% de la producción de hidrógeno no generaría emisiones de CO2, con inversiones de hasta 1800 millones de euros y 2000 empleos añadidos.

Iberdrola consiguió en 2023 beneficios por valor de 4.803 millones de euros, un 10,7% más que en 2022, y elevó el dividendo pagado a los accionistas un 10%, y pagó apenas 210 millones por el impuesto extraordinario.

Repsol

Por su parte, Repsol acaba de anunciar que trasladará su proyecto de construir una planta de hidrógeno renovable, con una inversión estimada de 1.100 millones de euros, desde Tarragona a Sines (Portugal). Su principal directivo, Antonio Brufau, se queja de que en España “no hay un entorno fiscal y regulatorio estable”. Repsol consiguió en 2023 beneficios de 3.168 millones de euros, el segundo mayor beneficio de su historia, e incrementó un 30% el dividendo pagado a sus accionistas con estos beneficios, y pagó 443 millones por este impuesto.

Cepsa

Cepsa, controlada por capitales del golfo pérsico y estadounidenses, ha decidido congelar sus inversiones en proyectos de hidrógeno verde, poniendo en peligro uno de los mayores proyectos de España: El Valle Andaluz del Hidrógeno, con inversiones de 5.000 millones de euros en Cádiz y Huelva. Amenaza con llevar sus inversiones a Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos. Aunque Cepsa tuvo pérdidas circunstanciales de 233 millones de euros, tras pagar 320 millones por este impuesto, consiguió más de 1.100 millones de euros de beneficios en 2022, y en 2024 ha vuelto a retomar beneficios.

Los grandes bancos

En el caso de los bancos, la “queja” es más hipócrita, si cabe. En 2023, los 26.355 millones de beneficios conseguidos por la gran banca fueron los mayores de la historia, y el impuesto extraordinario supuso sólo el 4,2% del beneficio, unos 1.100 millones de euros. Tanto el Banco de Santander como el BBVA obtuvieron el mayor beneficio de su historia, 11.076 millones de euros y 8.019 millones de euros, respectivamente. Sus beneficios chorrean lágrimas y sudor de decenas de miles de familias que tienen que esforzarse duro para pagar los aumentos de hipotecas de los últimos años, cuando no son arrojados de sus viviendas por no poder afrontar estos aumentos.

Este chantaje intolerable revela la incompatibilidad del progreso y el desarrollo de la sociedad con la propiedad privada de recursos clave en manos de un puñado de parásitos. La alternativa es ineludible, hay que expropiarlos sin indemnización, para colocar estos recursos en manos de la clase trabajadora y que puedan ser dedicados a las necesidades sociales.